- Repercusión Por qué la cesión fiscal de Sánchez a Cataluña amenaza los servicios públicos en España
- CCAA Asturias, el territorio clave en la polémica fiscal: hiperdependiente de la solidaridad y un pilar que decanta dentro del PSOE
El acuerdo entre ERC y el PSC comprende el pago de una cuota de solidaridad por parte de Cataluña al Estado central para ayudar a financiar a las comunidades deficitarias, pero está supeditado a que se cumpla el principio de ordinalidad, una reivindicación histórica de Cataluña.
¿En qué consiste ese principio?
Es un mecanismo, no contemplado actualmente en el sistema actual de financiación autonómica, que garantizaría que las comunidades mantienen su posición en el ránking de generación de riqueza una vez se ha producido la redistribución territorial de los recursos del sistema.
Lo ideal sería que todas las comunidades autónomas contaran con la misma cantidad de recursos per cápita, pero en la práctica no es así, por lo que es posible ordenar a las regiones de la mejor a la peor financiada. Al no estar operativo en el sistema el principio de ordinalidad, las autonomías que más aportan no son las que más reciben y viceversa.
¿Por qué Cataluña lo pide?
Históricamente ha sido una reivindicación nacionalista porque Cataluña es una de las regiones que recibe menos de lo que aporta, por lo que considera que es injusto que esto sea así, ya que además eso dificulta que pueda cumplir con los objetivos de déficit.
¿Opera este principio en otros países?
Sí, países como Alemania o Canadá garantizan que ninguna región que sea aportadora neta al fondo común (es decir, que aporta más de lo que recibe) quede por debajo en la distribución final de las que son receptores netas.
¿Aplicar este principio rompería la solidaridad?
No. Es cierto que aplicarlo implica fijar ciertos límites a la solidaridad, pero expertos en financiación autonómica como Ángel de la Fuente, director de Fedea, siempre han considerado "razonable" que se articule algún mecanismo para que no se altere el orden o, sobre todo, para que no haya comunidades infrafinanciadas como sucede ahora con la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En su opinión, una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica requeriría estudiar, por un lado, el grado de nivelación que el sistema ha de conseguir, es decir, "qué fracción de las diferencias originales entre territorios en términos de su capacidad fiscal por habitante ajustado ha de neutralizarse mediante transferencias entre las distintas administraciones implicadas"; y, por otro, el respeto de la ordenación original de los territorios de acuerdo con su capacidad fiscal, lo que ofrecería "cierto margen para la negociación que podría permitir acomodar parcialmente las demandas de los nacionalistas catalanes (y de los gobiernos de otros territorios de renta alta) dentro de un esquema razonable".
¿Qué opinan otras comunidades?
Además de las regiones gobernadas por el PP, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Adrián Barbón, su homólogo del Principado de Asturias, han mostrado su oposición a que se apruebe este cambio de modelo y se den las llaves de la caja a Cataluña, lo que acabaría con los principios de solidaridad y progresividad que ha defendido siempre el Partido Socialista.